Secuestro y tortura en México: el testimonio de un periodista que sobrevivió seis días en cautiverio

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Una comisión de trabajo terminó convirtiéndose en seis días de terror. En El Mandato del NO/S, Samuel Prieto conversa con un periodista cuya identidad se mantiene bajo reserva y que relata haber sido secuestrado en Zacatecas en 2011, cuando viajaba junto con otros dos trabajadores de una cooperativa. Según su testimonio, el grupo fue interceptado y mantenido en cautiverio mientras sus captores negociaban un rescate. Durante aquellos días asegura que padecieron violencia física y psicológica, humillaciones y privación de necesidades básicas; incluso relata que uno de sus compañeros sufrió la amputación de un dedo como mecanismo de presión. Finalmente, la organización para la que trabajaban habría pagado el rescate y posteriormente cubierto parte de la atención psicológica de las víctimas. Al tratarse de un testimonio anónimo y de un caso que, según el propio entrevistado, no derivó en una denuncia formal, los detalles específicos narrados en el programa no pueden verificarse de manera independiente.

Salir con vida, explica el periodista, no significó que el secuestro hubiera terminado. Describe años de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático, además de consecuencias que repercutieron en su familia y actividad profesional. También relaciona el deterioro de su salud posterior con el desarrollo de diabetes; aunque el estrés traumático puede afectar de manera importante la salud física y mental, una enfermedad como la diabetes es multifactorial y no puede atribuirse automáticamente a un solo acontecimiento. Uno de los mensajes más importantes de su experiencia es precisamente la necesidad de solicitar atención psicológica o psiquiátrica cuando las secuelas de un episodio traumático comienzan a interferir con la vida cotidiana. Buscar ayuda profesional, plantea durante la conversación, fue parte fundamental de aprender a convivir con aquello que sobrevivió.

Pero el episodio traslada rápidamente la experiencia individual hacia un problema público: ¿qué ocurre cuando una víctima tiene más miedo de denunciar que de guardar silencio? El entrevistado explica que la desconfianza hacia las autoridades y el temor a represalias determinaron su decisión de no presentar una denuncia. El fenómeno rebasa este caso particular. La ENVIPE 2026 del INEGI, con información sobre delitos ocurridos durante 2025, estimó que 93.4 % de los 33.8 millones de delitos no fueron denunciados o no derivaron en una carpeta de investigación, fenómeno denominado cifra oculta.   Esto no demuestra las razones específicas del periodista ni permite extrapolar su experiencia a todas las víctimas, pero sí muestra la enorme distancia que continúa existiendo entre los delitos que ocurren y aquellos que llegan formalmente al sistema de justicia.

La profesión que eligió añade otra dimensión al testimonio. Después de sobrevivir al secuestro, el periodista asegura haber encontrado en su trabajo una forma de responsabilidad con otras víctimas, particularmente al cubrir desapariciones y acompañar informativamente a madres buscadoras. El contexto actual permite dimensionar ese riesgo: ARTICLE 19 documentó 451 agresiones contra la prensa en México durante 2025, además de siete periodistas asesinados y una desaparición ese año.   La misma organización ha documentado también decenas de agresiones letales contra personas buscadoras desde 2010.   Son cifras que no convierten automáticamente cada caso en responsabilidad de una misma autoridad o estrategia gubernamental, pero sí muestran por qué la seguridad de periodistas, víctimas y colectivos de búsqueda continúa siendo un asunto público que exige investigación, prevención y rendición de cuentas.

El testimonio presentado en El Mandato del NO/S termina enfrentándose a uno de los mayores peligros de convivir durante años con la violencia: normalizarla. Detrás de cada cifra existe una persona y una familia obligadas a vivir un antes y un después. Por eso, la conversación entre Samuel Prieto y el periodista anónimo no pretende únicamente reconstruir seis días de cautiverio ocurridos hace quince años; utiliza aquella experiencia para cuestionar qué ha cambiado, qué mecanismos de protección funcionan y cuáles siguen fallando. Exigir resultados en materia de seguridad no debería reducirse a una disputa partidista: implica revisar datos, políticas públicas, capacidades institucionales y atención a las víctimas. Y, para este sobreviviente, también significa utilizar el periodismo para impedir que el dolor de quienes desaparecen, buscan o sobreviven termine convertido simplemente en otra estadística.

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