Una controversia laboral dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) terminó convirtiéndose en un debate sobre libertad de expresión, actuación institucional y uso del sistema penal. En El Mandato del NO/S, Samuel Prieto conversa con la abogada y consultora electoral Mónica Calles Miramontes, quien relata que asumió la representación de una extrabajadora del Instituto después de que ésta denunciara hostigamiento y diversas irregularidades durante su salida. Calles sostiene que, al intentar recuperar un disco duro propiedad de su clienta, documentó una diligencia de varias horas y posteriormente publicó videos para exhibir lo que consideraba actuaciones arbitrarias. Parte central de esta controversia sí ha trascendido públicamente: el propio Consejo General del INE discutió en septiembre el caso de Calles y su representación laboral, aunque las acusaciones concretas sobre hostigamiento y otras conductas siguen siendo materia de disputa y no deben darse por acreditadas únicamente a partir de su testimonio.
El conflicto escaló después de la difusión de esas grabaciones. Una verificación periodística documentó que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a X retirar ocho publicaciones de Calles al considerar que habían expuesto a una funcionaria del INE y provocado violencia digital en su contra. La abogada, por su parte, sostiene que las publicaciones documentaban irregularidades de servidores públicos y considera las medidas una forma de censura y represalia por ejercer su profesión. Existe aquí una distinción importante: el INE ha negado haber presentado institucionalmente la denuncia penal y ha señalado que las acciones promovidas a título particular por una trabajadora no pueden atribuirse automáticamente al Instituto. En una sesión pública del Consejo General también quedó asentado que la denunciante solicitó a la FGR la suspensión temporal de cuentas de Calles en X, Facebook, YouTube y TikTok mientras avanzara la investigación.
El episodio amplía el debate hacia el funcionamiento del árbitro electoral. Mónica Calles plantea que los acontecimientos forman parte de un deterioro institucional más amplio y cuestiona cambios de personal y decisiones internas del INE; esas interpretaciones representan la postura de la invitada y no prueban por sí mismas una captura partidista de la institución. Una controversia verificable es la relacionada con las llamadas “boletas sin doblez” o “planchadas”. Para el proceso electoral federal 2026-2027, el Consejo General aprobó un procedimiento mediante el cual una boleta que no presente señales visibles de haber sido doblada debe reservarse y someterse al análisis del Consejo Distrital, que decidirá fundada y motivadamente si procede computarla. El INE sostiene que la regla busca preservar evidencia ante posibles irregularidades y aclara que esas boletas no serán automáticamente aceptadas ni descartadas. La medida generó discusión incluso entre integrantes del propio Consejo General sobre sus alcances jurídicos.
Para Calles, su caso plantea además una pregunta sobre los límites que deben observar las autoridades cuando una persona documenta y critica públicamente el comportamiento de servidores públicos. La abogada anuncia que continuará su defensa mediante recursos legales y mecanismos nacionales e internacionales de derechos humanos. La existencia de una investigación penal no equivale a una declaración de culpabilidad, del mismo modo que la afirmación de que existe una persecución política constituye la interpretación de Calles y deberá contrastarse con las actuaciones de las autoridades, la posición de las personas denunciantes y las resoluciones judiciales que eventualmente se emitan. Lo que sí está documentado es que la controversia llegó formalmente al Consejo General del INE y abrió una discusión pública sobre si las medidas solicitadas contra sus publicaciones resultan compatibles con la protección de la libertad de expresión.
En El Mandato del NO/S, el encuentro entre Samuel Prieto y Mónica Calles Miramontes termina colocando el caso dentro de una discusión mayor: la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de organizar las elecciones mexicanas. En vísperas del proceso federal 2026-2027, el INE ya trabaja en la integración de sus consejos locales y distritales, órganos con funciones relevantes en la organización y vigilancia electoral. En ese contexto, denuncias laborales, decisiones sobre procedimientos electorales y controversias alrededor de funcionarios adquieren una dimensión pública que exige evidencia, transparencia y mecanismos efectivos de revisión. Más allá de las posiciones enfrentadas, el episodio deja una pregunta central: ¿cómo garantizar simultáneamente la autonomía de las autoridades, el derecho de los funcionarios a defenderse y la libertad ciudadana para fiscalizar y cuestionar el ejercicio del poder?