México es constitucionalmente un Estado laico, pero separar completamente religión y política resulta mucho más complicado cuando se observa la historia del país. Presidentes, jerarquías religiosas, movimientos sociales y millones de creyentes han protagonizado encuentros y enfrentamientos que han influido en la construcción de la vida pública mexicana. En un nuevo episodio de El Mandato del NO/S, Samuel Prieto conversa con Oswaldo Torres sobre esa relación histórica y dirige la discusión hacia uno de sus puntos más controvertidos: el poder económico de las instituciones religiosas, los mecanismos para vigilar sus recursos y los señalamientos que durante décadas han rodeado a figuras relevantes de la Iglesia católica.
Uno de los ejemplos históricos más evidentes de la tensión entre Estado e Iglesia fue la Guerra Cristera, conflicto desarrollado principalmente entre 1926 y 1929 después del endurecimiento de las políticas anticlericales derivadas del marco constitucional de la época. El enfrentamiento tuvo especial intensidad en estados del centro-occidente y el Bajío y dejó miles de muertos. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles también surgieron proyectos religiosos impulsados como alternativas a la autoridad de Roma. Estos episodios muestran hasta qué punto la religión podía convertirse en un terreno de disputa política y la política, a su vez, intervenir directamente en la organización de la vida religiosa.
Décadas después, la relación cambiaría nuevamente. Durante el siglo XX, figuras como el cardenal Ernesto Corripio Ahumada adquirieron una enorme relevancia dentro de la interlocución entre la jerarquía católica y el poder político. México restableció relaciones diplomáticas con la Santa Sede en 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, después de décadas de un modelo particularmente restrictivo. En la conversación, Oswaldo Torres analiza el papel que atribuye a Corripio en ese proceso y cuestiona también la administración de ayuda religiosa durante acontecimientos como el terremoto de 1985.
El episodio se concentra posteriormente en uno de los centros religiosos más importantes del mundo: la Basílica de Guadalupe. Cada año, millones de peregrinos llegan al recinto y a sus alrededores, generando una actividad económica extraordinaria que involucra transporte, comercio, hospedaje, alimentos, objetos religiosos y donativos. Precisamente por esa magnitud, Samuel Prieto y Oswaldo Torres plantean una pregunta que atraviesa buena parte de la conversación: ¿qué nivel de transparencia debería exigirse a una institución religiosa que administra grandes cantidades de recursos?
Torres aborda durante el programa distintas decisiones administrativas y comerciales que atribuye a etapas anteriores de la Basílica, incluyendo la reorganización de espacios de venta y mecanismos para controlar actividades económicas alrededor del santuario. También formula señalamientos sobre la administración de activos y donativos. Algunas de estas afirmaciones requerirían documentación contable, fiscal o judicial para establecerse como hechos, por lo que deben entenderse en el contexto del episodio como acusaciones y cuestionamientos expresados por el invitado, no como conclusiones acreditadas únicamente por su testimonio.
El nombre del antiguo abad Guillermo Schulenburg aparece inevitablemente dentro de esta historia. Su larga administración de la Basílica y las controversias que protagonizó —incluidas sus conocidas dudas sobre la historicidad de Juan Diego— lo convirtieron en una de las figuras eclesiásticas mexicanas más discutidas de finales del siglo XX. La posterior canonización de Juan Diego en 2002 consolidó su reconocimiento dentro de la Iglesia católica. Durante El Mandato del NO/S, Oswaldo Torres interpreta parte de este proceso desde una perspectiva económica y política; esa interpretación debe distinguirse de los argumentos religiosos y procedimientos formales con los que la Iglesia justificó la canonización.
La conversación avanza entonces hacia uno de los capítulos más dolorosos de la historia contemporánea de la Iglesia: los abusos sexuales cometidos por miembros del clero y las fallas institucionales para detenerlos. El caso de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, se convirtió en un referente internacional después de décadas de acusaciones y posteriores reconocimientos institucionales sobre sus abusos y conducta. A partir de ahí, el programa discute el comportamiento de diferentes integrantes de la jerarquía mexicana, entre ellos Norberto Rivera Carrera, y los cuestionamientos que enfrentaron por su respuesta ante denuncias contra sacerdotes.
Aquí resulta fundamental separar los hechos documentados de acusaciones específicas que requieren pruebas individuales. La existencia de casos de abuso clerical y de fallas institucionales para responder adecuadamente está ampliamente documentada, pero atribuir responsabilidad penal concreta por encubrimiento a una persona determinada exige evidencia y resoluciones correspondientes. El episodio utiliza estos antecedentes para formular una discusión más amplia: cuando una institución posee mecanismos internos para investigar a sus integrantes, ¿qué ocurre si esos mecanismos entran en conflicto con la obligación del Estado de investigar posibles delitos?
La respuesta defendida durante la conversación es contundente: la ley civil debe prevalecer cuando existen conductas posiblemente delictivas. La autonomía religiosa no puede convertirse en inmunidad frente a investigaciones sobre abuso, fraude, lavado de dinero u otros delitos. Este principio no implica atacar una religión ni cuestionar el derecho de las personas a profesar una fe; implica distinguir entre libertad religiosa y responsabilidad jurídica.
El dinero constituye el segundo gran eje del episodio. Oswaldo Torres expone señalamientos sobre supuestas donaciones en efectivo, recursos no registrados y posibles irregularidades administrativas relacionadas con la Basílica. También menciona acusaciones dirigidas contra anteriores responsables del recinto y describe inconformidades laborales que, según su relato, habrían existido pese a los importantes recursos generados alrededor del santuario. Nuevamente, hablar de evasión fiscal, desvío o lavado de dinero supone delitos específicos que solamente pueden establecerse mediante investigaciones y pruebas, por lo que las afirmaciones expuestas durante el programa no equivalen por sí mismas a demostrar que estos delitos ocurrieron.
Precisamente esa incertidumbre refuerza una de las propuestas centrales de El Mandato del NO/S: mayor transparencia. Si una organización administra grandes cantidades de dinero procedente de donaciones y actividades relacionadas con su operación, ¿qué información debería hacer pública?, ¿hasta dónde debe llegar la supervisión gubernamental?, ¿cómo se garantiza que la fiscalización no se transforme en persecución religiosa? Son preguntas que requieren equilibrio. Un Estado laico debe proteger simultáneamente la libertad de culto y el cumplimiento de las leyes.
El episodio también analiza la relación contemporánea entre la jerarquía católica y el poder político. A lo largo de diferentes gobiernos mexicanos han existido momentos de acercamiento, negociación y confrontación. Samuel Prieto y Oswaldo Torres cuestionan hasta qué punto dirigentes religiosos deberían influir sobre procesos electorales o decisiones públicas. La participación de creyentes en política forma parte de sus derechos ciudadanos; el problema aparece cuando la autoridad espiritual puede utilizarse institucionalmente para presionar electoralmente a una comunidad o cuando los intereses políticos buscan aprovecharse de la fe para obtener legitimidad.
De ahí surge probablemente la reflexión más importante de la conversación: un ciudadano puede tener profundas convicciones religiosas y al mismo tiempo mantener pensamiento crítico frente a las instituciones que representan su religión. Cuestionar el destino de un donativo no equivale a cuestionar una creencia. Exigir que un posible delito sea investigado no representa un ataque contra la fe. Y pedir transparencia a quienes administran recursos tampoco significa negar el enorme valor cultural, comunitario y espiritual que una institución religiosa puede tener para millones de personas.
El nuevo episodio de El Mandato del NO/S termina colocando sobre la mesa una discusión mucho mayor que cualquier personaje particular. México pasó de violentos enfrentamientos entre Iglesia y Estado a un sistema que reconoce jurídicamente a las asociaciones religiosas y protege la libertad de creencias. Sin embargo, la evolución de esa relación todavía plantea desafíos sobre dinero, influencia pública, responsabilidades legales y rendición de cuentas.
Samuel Prieto y Oswaldo Torres llevan así la conversación hasta una frontera incómoda: la que existe entre creer y obedecer sin cuestionar. La fe pertenece al terreno íntimo de cada individuo; la administración de dinero, el cumplimiento de las leyes y la intervención de instituciones en asuntos públicos pertenecen también al interés colectivo. Un Estado verdaderamente laico no necesita combatir las creencias. Necesita algo mucho más complejo: garantizar que ninguna creencia, institución o poder político esté por encima de la ley.